Por Martín Balza Ex Jefe del Ejército Argentino, Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica
Hace 30 años, el 23 de enero de 1989, un grupo subversivo autodenominado “Movimiento Todos por la Patria” (MTP) intentó el copamiento del cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Manuel Belgrano, sito en La Tablada (Gran Buenos Aires). El Jefe del MTP era Enrique Gorriarán Merlo, alias “El Pelado”, hombre capacitado desde los años setenta en tácticas guerrilleras, que anteriormente había liderado el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y operado en Centroamérica. En su intento, Gorriarán carecía de información adecuada y de un contingente con reales aptitudes para el ataque a un cuartel.
El intento fue absurdo y demostró una demencia terrorista y criminal. El Jefe del Ejército, general Francisco E. Gassino—primer oficial con la Aptitud Especial de Inteligencia que ocupó dicho cargo—designó al Inspector General del Ejército, general Alfredo M. Arrillaga, jefe de la Fuerza de Recuperación del Regimiento. Si bien el grupo irregular armado había logrado penetrar, no consolidó nunca su control.
Inicialmente, algunos medios atribuyeron el ataque a algunos hombres que en el movimiento insurgente de Villa Martelli (del 2/4 de diciembre de 1988) habían adherido al entonces coronel Mohamed Alí Seineldín; pero la forma de ejecutarlo permitía descartar de plano esa versión. También se aseguraba que el objetivo de los -inexistentes—“carapintadas” era dar un golpe institucional contra el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en el que, además de Seineldín, estarían involucrados el candidato presidencial Carlos Menen y el sindicalista Lorenzo Miguel. Ambos negaron de inmediato cualquier conocimiento y participación. Menen, el mismo día 23, expresó: “Esto es producto del incumplimiento del Gobierno respecto del pacto acordado con el coronel Seineldín”. De lo que se desprende que Menen tenía conocimiento del acuerdo de Villa Martelli y que no le hubiera sorprendido una—inadmisible—nueva acción de los insurgentes que, en diciembre del año anterior, se habían amotinado allí.
El pacto o acuerdo de referencia existió, y fue acordado por algunos adherentes al menemismo, por el entonces Jefe del Ejército, general José S. D. Caridi, por Seineldín y por el general Isidro B. Cáceres, designado para reprimir a los amotinados con sus medios blindados, lo que no sé concretó. No intervino ningún funcionario del Gobierno. Está claro que el futuro presidente—sin conocer aún al real actor del copamiento—inicialmente le asignó la acción subversiva de Gorriarán Merlo al Gobierno de Alfonsín, y a varios funcionarios del mismo de haber tenido reuniones con miembros del MTP, con el propósito de producir un autogolpe de Estado para impedir el triunfo peronista en las elecciones presidenciales a realizarse el 14 de mayo de 1989; un total disparate.
Un antecedente de lo que Fabián Bosoer califica hoy como las fake news, quien también agrega al respecto que el asalto al cuartel de La Tablada fue: “Una expresión tardía y residual de la violencia de los ´70, que servía a grupos interesados en mostrar que la democracia era débil… Algunos se creyeron la película, con resultado trágico”.
El ataque evidenció un alto grado de criminalidad de los atacantes, que tomaron momentáneamente la guardia del regimiento. Vestían uniformes militares y llevaban rostros pintados para hacerse pasar por los “carapintadas”. Los soldados se rindieron y, a pesar de ello, el soldado Roberto Taddía fue acribillado sin contemplación alguna. Un hecho circunstancial—como fue la presencia de un patrullero a cargo del comisario Emilio García, que ingresó al cuartel para interiorizarse de lo que sucedía y fue malherido—permitió comprobar que no se trataba de militares insurrectos.
García alertó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que de inmediato rodeó el cuartel con patrulleros, pero lamentablemente murió horas después. El Ejército tuvo 9 muertos: el mayor Horacio Fernández Cutiellos, el teniente Ricardo A Rolón, los sargentos primeros Ramón W. Orué y Ricardo R. Esquivel, el cabo primero José R. Albornoz, y los soldados Leonardo M. Díaz, Domingo Grillo, Roberto Taddía y Héctor Cardoso. Hubo además, entre los hombres del Ejército, 24 heridos.
La policía de la Provincia de Buenos Aires tuvo 4 muertos y 24 heridos, y la Policía Federal, 2 heridos. Entre el personal civil se registraron 2 muertos y 4 heridos. El MTP tuvo 32 muertos y 20 detenidos, se desconoce el número de fugados y se atribuye 2 o 3 desaparecidos, lo cual sería motivo de denuncias, acciones judiciales sustanciadas en el ámbito nacional, y aún la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Toma del poder
La providencial acción de la policía bonaerense fue determinante para frustrar el copamiento, cuyo delirante propósito era iniciar una toma del poder, instaurar un gobierno del pueblo y crear milicias populares, apostando a que los levantamientos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli (1987 y 1988) habrían producido un sentimiento antimilitar que facilitaría sus propósitos.
El lugar elegido tenía características que creyeron que los beneficiarían: aislamiento, cercanía a villas de emergencia y sectores muy pobres; pero apostar a un éxito en la toma del cuartel era una verdadera locura.
Personalmente aprecio que en realidad, Gorriarán Merlo, que no entró al cuartel — y posteriormente optó por la fuga— se propuso actuar con la mayor violencia, apoderarse de armas y responsabilizar a Seineldín y a sus seguidores de tales acciones. En sus planes estaba desaparecer rápidamente, cosa que se impidió por la reacción inmediata de la Policía, de la Guardia de Prevención del cuartel y por la posterior evolución de los acontecimientos.
Hasta el día de hoy me pregunto: ¿conocían los Organismos de Inteligencia la probabilidad del ataque del MTP? Es difícil que lo ignoraran. No descarto la intención de algunos sectores, de aprovechar el hecho y de presentar ante la sociedad la necesidad de que las Fuerzas Armadas volvieran a participar en la Seguridad Interna, y reivindicar lo actuado por la dictadura. Lo que ya estaba superado.
El intento de copamiento fue, repito, absurdo y demencial; el Estado de derecho estaba plenamente garantizado y nada, absolutamente nada, justificaba una acción que terminó con el asesinato de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército y de hombres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ellos ofrecieron su sangre y sufrieron serias mutilaciones en un claro acto de servicio, y en este caso sí: por la Patria.
Este ataque fue no solo contra un cuartel del Ejército, sino contra el pueblo argentino, contra sus instituciones y contra la forma de vida republicana. La excusa invocada por los terroristas de adelantarse a una presunta acción carapintada y, por consiguiente, defender el sistema democrático resultaba inverosímil. La democracia no se defiende con el asesinato a mansalva ni con el accionar de grupos terroristas.
Las autoridades legítimamente constituidas disponían, y disponen, de los medios legales para hacerlo.
Comentarios unánimes coincidieron en la condena del aberrante hecho. Me permito rescatar lo expresado en el comunicado oficial firmado por el entonces vocero presidencial, José Ignacio López: “La banda armada que esta mañana atacó el Regimiento 3 de Infantería, con asiento en La Tablada, ha apelado a procedimientos sanguinarios, lo que será inútil pretender fundar en consideraciones políticas o ideológicas. Se trata de delincuentes”
Por lo criminal y canallesco, el intento de copamiento mereció el repudio de todos los argentinos que querían vivir en paz, superando definitivamente la violencia y el odio.